¿Cuándo el acto médico se convierte en un acto criminal?

La Medicina es una profesión muy delicada por el hecho de estar en contacto directo y permanente con personas que sufren alguna enfermedad, desde la más simple hasta la más grave. Es por eso por lo que cualquier error que cometan los galenos es señalado y criminalizado por la sociedad. Es menester comentar que los familiares de los enfermos quieren que los médicos hagan milagros para salvar la vida de estos, si lo logran son héroes, pero si no, cometieron negligencia médica. Es en este punto precisamente donde los profesionales de la salud no están de acuerdo con que se les criminalice.

Desde luego, esto se relaciona directamente con el decreto presidencial de fecha lunes 3 de junio del año 1996 publicado en el Diario Oficial de la Federación, durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en el que se crea la Comisión de Arbitraje Médico, dado que, el acto médico, en el afán de restablecer la salud de los pacientes tiene riesgos, por tratar mediante procedimientos científicos, de recuperar la salud y función de todo paciente. Además, existe la llamada idiosincrasia, que es una forma personal de reaccionar distinta en todos los seres humanos, cada paciente puede presentar o no, complicaciones que incluso ocasionen la pérdida del bien jurídico biológico más importante, que es la vida.

Los médicos se rigen por la máxima de: “Primero no dañar”, enunciada en el juramento Hipocrático. Entonces la pregunta fundamental es ¿cuándo el acto médico se convierte en un acto criminal? Para cruzar del ámbito civil al criminal debe existir una desviación de los patrones de conducta médica y un estado mental con intención de daño. En otras palabras, el médico debe tener intención de hacer daño al paciente.

Tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de descriminalizar el acto médico, ya que en los códigos penales de cada Estado y el Federal, los delitos los tienen bien definidos y escritos, lo que se llama tipicidad, es decir, la criminalización es general, por lo tanto es aplicable a todos los ciudadanos de nuestra república y obedeciendo al principio jurídico de igualdad, lo que hoy se necesita promover es la desincriminación del acto médico, que significa el hecho de que cuando cualquier médico sea acusado por un paciente de cualquier delito tipificado en los códigos penales o civiles (en sus respectivos juzgados), sea de inmediato remitida la denuncia, en forma de queja (restándole con ello, la acción de demanda civil, o denuncia de hechos en penal), ante la Comisión de Arbitraje Médico correspondiente, y sea el “amigable componedor”, quien decida sobre la queja y se sometan en caso de discrepancia, las dos partes del actuar de la comisión, al árbitro que lo integran personas calificadas y competentes para tomar una decisión “administrativa” y nunca penal ni civil. De esta forma se  logra la función conciliadora para la que fuera creada por decreto presidencial.

Sabemos que este contexto daña el acto médico y la relación médico paciente, homologando con delitos comunes los resultados negativos en la práctica médica, tomando en cuenta que esta es una ciencia de probabilidades y no exacta con resultados inherentes, derivando en la llamada Medicina defensiva que daña radicalmente los lineamientos basados en los principios de la buena práctica médica. Señala la Confederación Médica de la República de Argentina (COMRA) en su apoyo con los recientes casos suscitados en el país.

Por su parte y de igual manera, la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe (CONFEMEL) considera que la criminalización del acto médico sólo fomentará la Medicina defensiva, que derivaría en el deterioro de la calidad de atención de cualquier sistema de salud y afectando negativamente la relación médico paciente.

La organización internacional estima que la impericia o imprudencia demostrada, deben quedar en el ámbito de la justicia civil.

En México, el sistema de salud debe mejorar y permitir a los médicos ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes. Se necesita exigir con mayor fuerza la infraestructura que les permita ejercer de manera digna y segura, con ello se evitará que exista una persecución en contra de los médicos, pues como ya se mencionó, el “acto médico fallido”, deberá ser resuelto en “amigable composición”, y no lesionando las garantías individuales del médico y demás prestadores de servicios relacionados con la Medicina. Al mismo tiempo es necesario establecer controles internos que no permitan el ejercicio de la Medicina a quienes no merecen.

Como se observa, los profesionales de la salud se encuentran en constante riesgo de ser cuestionados socialmente, de ahí la importancia de que la autoridad judicial y los legisladores analicen detalladamente este conflicto que está iniciando. De no hacerlo, se correría el riesgo de verse rebasados por la sociedad.